Cables submarinos, IA y poder global: Humboldt, Huawei y los retos legales y corporativos
Si miramos dónde late el pulso del poder digital, no está solo en IA o en chips, sino en los cables submarinos que sostienen internet. El cable Humboldt, impulsado por Chile y Google, conectará Valparaíso y Sydney a través del Pacífico Sur, con paso por Polinesia Francesa. Tendrá una longitud de 14.800 kilómetros y fue formalizado con un acuerdo en junio de 2025. Google y el Estado chileno crearon Humboldt Connect para desarrollarlo y operarlo.
La inversión total se estima entre 300 y 550 millones de dólares, con Chile aportando alrededor de 25 millones; la entrada en operación comercial se proyecta para 2027. Reuters destacó que Humboldt busca mejorar la conectividad de Chile con Asia y Oceanía y reforzar su posición como hub digital regional.
La iniciativa coloca a Chile como puerta de entrada y salida de datos entre Sudamérica y Asia-Pacífico, y se inscribe en una partida geopolítica entre Estados Unidos y China. El proyecto se presenta como una alternativa políticamente alineada con el eje estadounidense, frente a propuestas chinas como Chile-China Express que no obtuvieron aprobación formal. La infraestructura de cables submarinos es, en palabras de la cobertura, la arteria que define quién controla qué ruta y con qué grado de autonomía.
En paralelo, Huawei ha resurgido tras presiones externas: la empresa fabrica Kirin fuera de TSMC, desarrolla el acelerador Atlas 350 para IA y presenta un sistema operativo propio, HarmonyOS. Con 208.000 empleados en todo el mundo y 113.000 enfocados en I+D, además de un impulso para la litografía y el desarrollo propio, Huawei avanza hacia una mayor autosuficiencia para 2030. El respaldo gubernamental chino se cifra en miles de millones de dólares para I+D, y su estrategia apunta a sostener una posición clave en el ecosistema tecnológico mundial.
En el ámbito de la inteligencia artificial y su adopción profesional, el mundo jurídico también está sintiendo el impacto. Un artículo de opinión en Colombia analiza el uso de herramientas generativas como Copilot de Microsoft y Google AI Studio, y plantea si los abogados están realmente preparados para abrazar estas tecnologías con rigor y ética. En un caso real, la Corte Suprema de Justicia sancionó a un apoderado por usar modelos de IA sin verificación, imponiéndole una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la compulsa de copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. El mensaje es claro: la IA requiere una comprensión multidisciplinaria y una verificación cuidadosa de la información.
Un quinto vistazo a la conversación tecnológica llega desde el mundo de la investigación: un artículo comenta la situación de Sora frente a OpenAI —“Sora no murió: OpenAI la ejecutó para salvarse a sí misma”— como marco para discutir las tensiones entre innovación y gobernanza en IA.
Con estas piezas en conjunto, se dibuja una era en la que la infraestructura física y la infraestructura de algoritmos deben coexistir sin que una amenace a la otra. La pregunta no es solo qué podemos hacer con la IA, sino qué reglas y alianzas son necesarias para que el sistema digital global funcione con más claridad, seguridad y equilibrios políticos.